miércoles, 8 de abril de 2020

6to "A" Geografía Actividad 2



Geografía 6to “A”
Instituto French
Profesor Ale Nestor
Mail para enviar actividades: nestorale1732@gmail.com
Actividad N° 2
fecha de entrega: Lunes 20/4 
Buen día alumnos como están les  comento antes que nada que hay alumnos que deben la 1ra actividad les pido por favor que se pongan al día lo más pronto posible.
1-Voy a subir la actividad N°2, como verán seguimos trabajando en dos actividades que si bien son necesarias por el ingreso de divisas que extranjeras que aportan al país (dólares) tienen distintas problemáticas que están causando serios problemas al ambiente, a las salud, a los pobladores originarios etc,

En esta actividad les voy a pedir que vean y analicen un video (les subo un resumen de 15 minutos, si quieren uds pueden ver la versión completa) y que luego puedan hacer una breva narración de lo que el autor (Pino Solanas, cineasta, político, investigador de distintas problemáticas como megaminería, petróleo y ferrocarriles en Argentina lo cual tuvo como consecuencia para él un atentado a su vida) trata en el video , a saber:  Retenciones, problemas con los pobladores originarios, daños ambientales, utilización de cianuro, trabajo para la población local etc.

Link del video a analizar:


2-Luego de esta 1ra actividad van a leer dos artículos que a continuación subo, uno de megaminería y otro de la cuenca matanza riachuelo y deben contestar las preguntas que están al terminar cada artículo.







Minería en San Juan: cómo se realiza la extracción de oro con cianuro
Infobae visitó uno de los yacimientos que utiliza el proceso químico que quedó bajo la lupa luego del derrame en Veladero. Sus autoridades defendieron el polémico sistema de lixiviación y explicaron cómo piensan mitigar el notorio impacto visual

1 de octubre de 2015
ltagliabue@infobae.com
En el departamento de Jáchal, provincia de San Juan, todavía no salen del asombro. No lo pueden creer. Geólogos, ingenieros y especialistas que se ganan la vida gracias a la minería dicen que es imposible que se produzca un derrame de cianuro. Y perjuran que en el "remoto" caso de que ocurriese algo así sus consecuencias serían nulas para el medio ambiente y la población.
La Justicia, que imputó a directivos de la canadiense Barrick Gold por una reciente filtración de solución cianurada, y legisladores de varias provincias que prohibieron esta actividad, tienen otra mirada: están convencidos de que el proceso es nocivo y plantean otros métodos de explotación.
"Nos va a costar mucho remontar nuestra imagen después de lo que pasó. ¿Cómo hacemos para explicarle a Doña Rosa que nuestra actividad no genera perjuicios? Es una situación incómoda porque un colega cometió un error muy serio", se defienden los empresarios de la actividad minera.
Infobae visitó un yacimiento que se encuentra a pocos kilómetros de Veladero, el emprendimiento donde ocurrió el incidente del que habla el país. Convivió dos días con sus trabajadores, exploró sus instalaciones subterráneas y a cielo abierto, y hasta presenció la fundición de una barra de oro de 24 kilos, tasada en alrededor de u$s600 mil dólares.

La mina
Gualcamayo es una mina de oro que está ubicada en Jáchal, al norte de San Juan. Sus operaciones se dividen en explotación subterránea y a cielo abierto -muy criticada por grupos ambientalistas-. El proyecto es propiedad de la empresa Minas Argentinas S.A, subsidiaria de la canadiense Yamana Gold, que posee además el 12,5% de Alumbrera, en Catamarca.
Sus reservas de oro superan los dos millones de onzas (una onza equivale a USD1.100 según precio del mercado). De acuerdo a datos difundidos por la empresa, en 2014 exportó lingotes por USD210 millones e importó insumos por USD5,9 millones. Entre las compras al exterior se encuentran los tres embarques anuales de cianuro que le adquiere a la americana Dupont.
La mayoría de sus 800 trabajadores cumple con una agitada jornada laboral de 12 horas. El régimen de trabajo es 7x7 (siete días trabajan y siete días descansan) los 365 días del año, incluyendo feriados y hasta las fiestas de fin de año. El sueldo promedio es de $30 mil mensuales.
El primer paso: desprendimiento del mineral
Las operaciones que culminan con la fundición del lingote de oro comienzan con la exploración. Los mineros realizan perforaciones descendentes si están al aire libre o ascendentes si están en un túnel subterráneo. Una vez que confirman el hallazgo del mineral -en este caso oro-, realizan una voladura con nitrato de amoniogasoil explosivos de alto impacto.
"¿Cuáles son los gases que se liberan luego de la explosión?", preguntó Infobae durante la recorrida. Hernán Vera, vicepresidente de Yamana Gold, contestó: "Se libera monóxido de carbono y dióxido de carbono, que cuando estás al aire libre no hay problema". "Cuando la voladura es subterránea, hay que evacuar media hora la zona antes de que ingrese alguien al lugar porque cuando el ambiente está muy cargado puede provocar dolores de cabeza y malestar", ahondó.
Una vez realizada la voladura se separan las rocas que tienen minerales de las que son estériles, es decir, que no tienen ningún valor económico. El material del que finalmente se extraerá oro con un proceso químico es trasladado en camiones para su trituración.
El impacto visual es notorio. La explotación minera a cielo abierto cambia radicalmente la topografía de la zona. Donde había una montaña, ahora hay roca escalonada artificialmente por la mano del hombre para evitar su derrumbe.
"Eso es innegable", reconoció Vera, pero justificó: "También es cierto que en este cerro antes de que llegara la minería no había venido ni un cristiano en 5000 años de vida; no es un paisaje que tuviera una asiduidad en términos turísticos".
Emilio Roca, gerente general de Gualcamayo, adelantó que están analizando distintas opciones para volver a generar valor paisajístico en la zona un vez que cierre la mina. "Eventualmente se puede rellenar con suelo y forestar; quizás no va a tener la misma forma, pero sí el mismo color", aseguró. Y proyectó: "En semejante infraestructura podés poner una pileta ahí y te queda un lugar hermoso para venir los fines de semana".
Lixiviación: el cianuro en la mira
El mineral es trasladado en cintas mecánicas para ser triturado y finalmente es depositado en una zona conocida como valle de lixiviación, donde se realiza un proceso químico para extraer el oro de las rocas. El piso de estos grandes pozos es preparado con arcilla y una membrana especial.
El sistema de recuperación de metales se realiza con solución cianurada a través de bombas y cañerías que actúan sobre pilas de minerales de 10 metros de alto. La solución lixiviante percola entre las rocas y disuelve el oro, que al llegar a la parte inferior del valle se desliza por gravedad hasta las cañerías colectoras. Este es el punto donde se cree que se produjo la filtración en Barrick Gold.
"Existen desarrollos donde no se utiliza cianuro pero no tienen esta eficiencia. El cianuro es un invento extraordinario porque tiene la ventaja de que es muy selectivo. Tiene hambre por los metales", explicó Vera.
La peligrosidad de la solución depende del nivel de acidez, dicen los especialistas. El PH se mide con una escala de 0 a 14. Cuanto más pequeño es ese número, más ácida es la mezcla. Para evitar una fase peligrosa, los técnicos de Gualcamayo bajan la acidez de la preparación con cal.
"Para que la operación sea segura, hay que trabajar con un PH básico, por arriba de 11. Cuando el cianuro está por debajo y toma contacto con el agua, puede generar gas cianhídrico. "En la naturaleza se evapora muy rápidamente a los pocos kilómetros. No debería pasar nada", dicen los directivos de Gualcamayo. En otros ambientes la mezcla demostró que es letal. Por ejemplo, en Cromañón, la mayoría de las muertes se produjo por efecto de este gas.
El 90% de las minas de oro del mundo utilizan cianuro. El término se aplica a un grupo de sustancias químicas que contienen carbono y nitrógeno. Está presente además en la fabricación de partes metálicas, plásticos, telas sintéticas y fertilizantes. Las compañías que lo utilizan están obligadas a cumplir con un protocolo internacional que establece criterios para su traslado.
Hay varias provincias de la Argentina que prohibieron su uso porque creen que la reacción química es peligrosa para el medio ambiente y sus poblaciones. Por ejemplo, Julio Cobos impulsó hace algunos años una ley que anuló la posibilidad de desarrollar este tipo de emprendimientos. Algo similar sucede en Chubut, donde Yamana tuvo que paralizar su proyecto Suyai.
Los lingotes, para afuera
La solución rica que surge desde el valle de lixiviación es tratada con carbono y otros procesos antes de llegar finalmente al proceso de fundición de la barra de oro. El circuito es cerrado. La mezcla química es reutilizada infinitas veces para percolar las pilas nuevas que se acumulan en el valle. Para que no pierda concentración, permanentemente hay máquinas que le agregan el cianuro.
Finalmente la mezcla es fundida en la colada, un proceso que se realiza cada tres días en hornos con temperaturas altísimas. El producto final es el lingote de oro, que se exporta en su totalidad a Canadá, para su refinación y venta. La empresa tributa 5% en concepto de retenciones, 3% en regalías y otro 1,5% para realizar obras de infraestructura en la región. Pese a ello, dicen que la ganancia de toda la operación es solamente del 10 por ciento.
1-¿Dónde queda la mina que visitó infobae, describa sus operaciones, que se extrae, cual es la empresa propietaria, que reservas tiene, como es el trabajo del personal?

2-¿Cómo  se desprende el mineral? ¿Qué gases se liberan?

3-¿Qué sucede con el impacto visual?

4- Explique el proceso de lixiviación. ¿Cómo se forma un lingote de oro y que sucede con él?





Retroceso: cada vez más familias viven en riesgo ambiental a orillas del Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
LUNES 02 DE OCTUBRE DE 2017
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LA NACION

Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio.
Cuestionario:
1-Ante el aumento de asentamientos ¿Cuál fue el fallo de la Corte Suprema, y que pasó hasta ahora con esas soluciones habitacionales?
2-¿Qué opina la vecina Blaisa Guachiré?
3-¿Cuáles son los riesgos ambientales de los que viven a orillas del riachuelo?
4¡¿Qué dice Greenpeace junto a otros organismos (CELS-ACDH) sobre un informe presentado por los vecinos de la Boca sobre violaciones de derecho/relocalización? Defina el termino relocalización
5¿Qué sucede con losn vecino de la villa 21-24?
6¿Por qué se habla de plazos incumplidos, comente el caso de villa Inflamable?
7- Averiguar ¿cuántos y cuáles son los municipios que atraviesa esta cuenca?









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