Geografía 6to “A”
Instituto French
Profesor Ale Nestor
Mail para enviar actividades: nestorale1732@gmail.com
Actividad N° 2
fecha de entrega: Lunes 20/4
Buen día alumnos como están les comento antes que nada que hay alumnos que
deben la 1ra actividad les pido por favor que se pongan al día lo más pronto
posible.
1-Voy a subir la actividad N°2, como verán seguimos
trabajando en dos actividades que si bien son necesarias por el ingreso de
divisas que extranjeras que aportan al país (dólares) tienen distintas
problemáticas que están causando serios problemas al ambiente, a las salud, a
los pobladores originarios etc,
En esta actividad les voy a pedir que vean y analicen un
video (les subo un resumen de 15 minutos, si quieren uds pueden ver la versión
completa) y que luego puedan hacer una breva narración de lo que el autor (Pino
Solanas, cineasta, político, investigador de distintas problemáticas como
megaminería, petróleo y ferrocarriles en Argentina lo cual tuvo como
consecuencia para él un atentado a su vida) trata en el video , a saber: Retenciones, problemas con los pobladores
originarios, daños ambientales, utilización de cianuro, trabajo para la
población local etc.
Link del video a analizar:
2-Luego de esta 1ra actividad van a leer dos artículos que a
continuación subo, uno de megaminería y otro de la cuenca matanza riachuelo y
deben contestar las preguntas que están al terminar cada artículo.
Minería en San Juan: cómo
se realiza la extracción de oro con cianuro
Infobae visitó uno de los yacimientos que utiliza el proceso químico que
quedó bajo la lupa luego del derrame en Veladero. Sus autoridades defendieron
el polémico sistema de lixiviación y explicaron cómo piensan mitigar el notorio
impacto visual
1 de octubre de 2015
ltagliabue@infobae.com
En el
departamento de Jáchal, provincia de San Juan, todavía no salen del asombro. No
lo pueden creer. Geólogos, ingenieros y especialistas que se ganan la vida
gracias a la minería dicen que es imposible que se produzca un derrame de
cianuro. Y perjuran que en el "remoto" caso de que ocurriese algo así
sus consecuencias serían nulas para el medio ambiente y la población.
La Justicia,
que imputó a directivos de la canadiense Barrick Gold por una reciente
filtración de solución cianurada, y legisladores de varias provincias que
prohibieron esta actividad, tienen otra mirada: están convencidos de que el
proceso es nocivo y plantean otros métodos de explotación.
"Nos
va a costar mucho remontar nuestra imagen después de lo que pasó. ¿Cómo hacemos
para explicarle a Doña Rosa que nuestra actividad no genera perjuicios? Es una
situación incómoda porque un colega cometió un error muy serio", se
defienden los empresarios de la actividad minera.
Infobae visitó un yacimiento que se
encuentra a pocos kilómetros de Veladero, el emprendimiento donde ocurrió el
incidente del que habla el país. Convivió dos días con sus trabajadores,
exploró sus instalaciones subterráneas y a cielo abierto, y hasta presenció la
fundición de una barra de oro de 24 kilos, tasada en alrededor de u$s600 mil
dólares.
La mina
Gualcamayo es una mina de oro que está ubicada en Jáchal, al norte de San
Juan. Sus operaciones se dividen en explotación subterránea y a cielo abierto
-muy criticada por grupos ambientalistas-. El proyecto es propiedad de la
empresa Minas Argentinas S.A, subsidiaria de la canadiense Yamana Gold, que
posee además el 12,5% de Alumbrera, en Catamarca.
Sus
reservas de oro superan los dos millones de onzas (una onza equivale a USD1.100
según precio del mercado). De acuerdo a datos difundidos por la empresa, en
2014 exportó lingotes por USD210 millones e importó insumos por USD5,9
millones. Entre las compras al exterior se encuentran los tres embarques
anuales de cianuro que le adquiere a la americana Dupont.
La
mayoría de sus 800 trabajadores cumple con una agitada jornada laboral de
12 horas. El régimen de trabajo es 7x7 (siete días trabajan y siete días descansan)
los 365 días del año, incluyendo feriados y hasta las fiestas de fin de año. El
sueldo promedio es de $30 mil mensuales.
El primer
paso: desprendimiento del mineral
Las
operaciones que culminan con la fundición del lingote de oro comienzan con la
exploración. Los mineros realizan perforaciones descendentes si están al aire
libre o ascendentes si están en un túnel subterráneo. Una vez que confirman el
hallazgo del mineral -en este caso oro-, realizan una voladura con nitrato
de amonio, gasoil y explosivos de alto impacto.
"¿Cuáles
son los gases que se liberan luego de la explosión?", preguntó Infobae durante
la recorrida. Hernán Vera, vicepresidente de Yamana Gold, contestó:
"Se libera monóxido de carbono y dióxido de
carbono, que cuando estás al aire libre no hay problema". "Cuando
la voladura es subterránea, hay que evacuar media hora la zona antes de que
ingrese alguien al lugar porque cuando el ambiente está muy cargado puede
provocar dolores de cabeza y malestar", ahondó.
Una vez
realizada la voladura se separan las rocas que tienen minerales de las que son
estériles, es decir, que no tienen ningún valor económico. El material del que
finalmente se extraerá oro con un proceso químico es trasladado en camiones
para su trituración.
El
impacto visual es notorio. La explotación minera a cielo abierto cambia radicalmente la
topografía de la zona. Donde había una montaña, ahora hay roca escalonada
artificialmente por la mano del hombre para evitar su derrumbe.
"Eso
es innegable", reconoció Vera, pero justificó: "También es cierto que
en este cerro antes de que llegara la minería no había venido ni un cristiano
en 5000 años de vida; no es un paisaje que tuviera una asiduidad en términos
turísticos".
Emilio
Roca, gerente general de Gualcamayo, adelantó que están analizando distintas
opciones para volver a generar valor paisajístico en la zona un vez que cierre
la mina. "Eventualmente se puede rellenar con suelo y forestar; quizás no
va a tener la misma forma, pero sí el mismo color", aseguró. Y proyectó: "En
semejante infraestructura podés poner una pileta ahí y te queda un lugar
hermoso para venir los fines de semana".
Lixiviación:
el cianuro en la mira
El
mineral es trasladado en cintas mecánicas para ser triturado y finalmente es
depositado en una zona conocida como valle de lixiviación, donde se realiza un
proceso químico para extraer el oro de las rocas. El piso de estos grandes
pozos es preparado con arcilla y una membrana especial.
El
sistema de recuperación de metales se realiza con solución cianurada a través
de bombas y cañerías que actúan sobre pilas de minerales de 10 metros de alto.
La solución lixiviante percola entre las rocas y disuelve el oro, que al llegar
a la parte inferior del valle se desliza por gravedad hasta las cañerías
colectoras. Este es el punto donde se cree que se produjo la filtración
en Barrick Gold.
"Existen
desarrollos donde no se utiliza cianuro pero no tienen esta eficiencia. El
cianuro es un invento extraordinario porque tiene la ventaja de que es muy
selectivo. Tiene hambre por los metales", explicó Vera.
La
peligrosidad de la solución depende del nivel de acidez, dicen los
especialistas. El PH se mide con una escala de 0 a 14. Cuanto más pequeño es
ese número, más ácida es la mezcla. Para evitar una fase peligrosa, los técnicos
de Gualcamayo bajan la acidez de la preparación con cal.
"Para
que la operación sea segura, hay que trabajar con un PH básico, por arriba de
11. Cuando el cianuro está por debajo y toma contacto con el agua, puede
generar gas cianhídrico. "En la naturaleza se evapora muy rápidamente a
los pocos kilómetros. No debería pasar nada", dicen los directivos de
Gualcamayo. En otros ambientes la mezcla demostró que es letal. Por
ejemplo, en Cromañón, la mayoría de las muertes se produjo por efecto
de este gas.
El 90% de
las minas de oro del mundo utilizan cianuro. El término se aplica a un grupo de
sustancias químicas que contienen carbono y nitrógeno. Está presente además en
la fabricación de partes metálicas, plásticos, telas sintéticas y
fertilizantes. Las compañías que lo utilizan están obligadas a cumplir con un
protocolo internacional que establece criterios para su traslado.
Hay
varias provincias de la Argentina que prohibieron su uso porque creen que la
reacción química es peligrosa para el medio ambiente y sus poblaciones. Por
ejemplo, Julio Cobos impulsó hace algunos años una ley que anuló la posibilidad
de desarrollar este tipo de emprendimientos. Algo similar sucede en Chubut,
donde Yamana tuvo que paralizar su proyecto Suyai.
Los
lingotes, para afuera
La
solución rica que surge desde el valle de lixiviación es tratada con carbono y
otros procesos antes de llegar finalmente al proceso de fundición de la barra
de oro. El circuito es cerrado. La mezcla química es reutilizada infinitas
veces para percolar las pilas nuevas que se acumulan en el valle. Para que no
pierda concentración, permanentemente hay máquinas que le agregan el cianuro.
Finalmente
la mezcla es fundida en la colada, un proceso que se realiza cada tres días en
hornos con temperaturas altísimas. El producto final es el lingote de oro, que
se exporta en su totalidad a Canadá, para su refinación y venta. La empresa
tributa 5% en concepto de retenciones, 3% en regalías y otro 1,5% para realizar
obras de infraestructura en la región. Pese a ello, dicen que la ganancia de
toda la operación es solamente del 10 por ciento.
1-¿Dónde
queda la mina que visitó infobae, describa sus operaciones, que se extrae, cual
es la empresa propietaria, que reservas tiene, como es el trabajo del personal?
2-¿Cómo se desprende el mineral? ¿Qué gases se
liberan?
3-¿Qué
sucede con el impacto visual?
4-
Explique el proceso de lixiviación. ¿Cómo se forma un lingote de oro y que
sucede con él?
Retroceso: cada vez más
familias viven en riesgo ambiental a orillas del Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las
pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan
instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
LUNES 02 DE OCTUBRE DE
2017
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LA NACION
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el
número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento
en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con
celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36
metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene
Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte
Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza",
condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer
el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y
prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son
pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el
convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron
para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales
previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor
peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el
mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron
3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos
estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de
personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado:
actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en
situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está
en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual
presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi
mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde
parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada
que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un
aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su
salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas
del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca,
conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en
el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la
contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se
cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las
delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a
mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho
de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a
orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o
la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer
enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las
broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco,
la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar
resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la
Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos
(ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables
la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto
con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado
designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que
"reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los
derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad
de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una
política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la
Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en
terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor
calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos
Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa
erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están
asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza
Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en
mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24
que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella,
defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires,
advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias
sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su
historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no
son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad,
caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes,
entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está
alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de
transporte".
Plazos
incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las
soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para
cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios
bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección
de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos
de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos
procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de
obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de
allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en
situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las
obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y
2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las
villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde
las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que
durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo
de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación
para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización
y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite:
"Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que
viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de
1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado
relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y
sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales
desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera
fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde:
"Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para
gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento
y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para
las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la
Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de
los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma:
"Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la
Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos
administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las
obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un
relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es
la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación
familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de
las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores.
Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia
de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia
Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por
falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se
tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación
con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos
nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos
más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y
principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de
obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos
más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre
provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de
vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales,
ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende
sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la
capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de
Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en
aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta
problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las
relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos
que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por
otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo
de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el
déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las
relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino
mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y
servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos
de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es
prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos
de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas,
como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es
paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa
Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de
relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para
ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con
respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que
tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una
trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace
varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de
vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su
incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que
podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro
y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son
cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la
contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la
población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5%
mercurio.
Cuestionario:
1-Ante el aumento de
asentamientos ¿Cuál fue el fallo de la Corte Suprema, y que pasó hasta ahora
con esas soluciones habitacionales?
2-¿Qué opina la vecina
Blaisa Guachiré?
3-¿Cuáles son los riesgos
ambientales de los que viven a orillas del riachuelo?
4¡¿Qué dice Greenpeace
junto a otros organismos (CELS-ACDH) sobre un informe presentado por los
vecinos de la Boca sobre violaciones de derecho/relocalización? Defina el
termino relocalización
5¿Qué sucede con losn
vecino de la villa 21-24?
6¿Por qué se habla de
plazos incumplidos, comente el caso de villa Inflamable?
7- Averiguar ¿cuántos y
cuáles son los municipios que atraviesa esta cuenca?
