miércoles, 25 de marzo de 2020

6to "A" Geografía profesor: Ale Nestor







GEOGRAFÍA 6TO  “A” 
Instituto French
Profesor: Ale Nestor
Mail del profesor: nestorale1732@gmail.com

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA
Durante este ciclo lectivo 2020 vamos a trabajar en la investigación de distintos problemas ambientales producidos por las distintas actividades económicas que realiza el ser humano, nos vamos a centrar en nuestro país comparando las problemáticas con el resto del mundo globalizado.

1ra actividad:
Investigar que es un problema ambiental y elegir un problema ambiental que se produce en la zona rural y otro en el ámbito urbano y desarrollarlo.

2da actividad: leer el artículo sobre megaminería y responder las preguntas que se encuentran formuladas al final del artículo.


Principio del formulario
Final del formulario

 El problema de la Megaminería en Argentina
La Megaminería es una práctica que comenzó en España en 1957 y que luego se expandió al resto del mundo. Los motivos de su implementación eran que, debido a la excesiva actividad minera del hombre, la roca que contenía una elevada cantidad de metal se vio agotada. Como consecuencia, los explotadores mineros recurrieron a una práctica notablemente más nociva: la destrucción y reducción a escombros de montañas enteras sólo para obtener la misma cantidad de metal que antes podía extraerse de una sola roca.  Este nuevo proceso, más fácil de realizar y también más rentable, se dio a conocer como minería a cielo abierto pues en ella, a diferencia  de la minería tradicional, las explotaciones se desarrollan en la superficie del terreno y no subterráneamente.
En este nuevo proceso, los restos obtenidos son triturados y amontonados para luego ser rociados con productos químicos y así, finalmente, extraerle los metales. Luego de extraerlos, los residuos químicos son sencillamente abandonados en el lugar y a cielo abierto.
Lucrecia Soledad Wagner, doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes, define a la Megaminería como una práctica a gran escala que incluye: explotación a cielo abierto, generación de pasivos ambientales importantes (open pit o rajo abierto, escombreras, diques de cola,201 entre otros), extracción acelerada de recursos naturales no renovables, uso de sustancias potencialmente contaminantes, gran consumo energético, utilización de importantes volúmenes de agua, generación de drenaje ácido de mina (DAM), y potenciación del drenaje ácido de roca (DAR), liberación de metales pesados y construcción de infraestructura de transporte.1
Esta práctica, cada vez más empleada, no solo contamina, sino que altera el paisaje, el curso de los vientos, afecta la salud de la población y el ambiente y utiliza enormes cantidades de electricidad y de un recurso esencial para nuestra vida: el agua. Recurso que también contamina mediante filtraciones de los diques que hacen que los químicos utilizados lleguen hasta los cursos y ríos cercanos.
La Megaminería en Argentina
El primer gran antecedente de actividades de minería a cielo abierto en Argentina es la instalación de la mina “La Alumbrera” en la provincia de Catamarca. Este emprendimiento tiene una profundidad de aproximadamente 700 metros y un diámetro de 2.5 kilómetros. Allí se utilizan, por día, 10 toneladas de cianuro y 300 millones de litros de agua. La empresa maneja un presupuesto que dobla el de la provincia de Catamarca,  produce 104 toneladas de concentrado de mineral por hora y el total de la producción es exportada a países europeos y Estados Unidos.
Según explica Wagner, citando a Andrea Mastrangelo e Inés Gonzalez Bombal, investigadores del CONICET y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de la Universidad Nacional de General Sarmiento respectivamente, en Argentina, hasta la reforma del Estado en 1990, “el Código Nacional de Minería representaba a los recursos naturales no renovables como el reaseguro dela soberanía nacional. (…)Fue recién en 1994 cuando el gobierno nacional promovió, a partir de un conjunto de leyes, la desregulación de la minería, permitiendo la elaboración de importantes proyectos de inversión al sector privado externo. La política nacional se vio reflejada en un aumento del nivel de inversión sectorial, del número de empresas mineras internacionales operando en Argentina. Esto formó parte central de la nueva política minera desplegada a escala nacional por la administración menemista, reflejando una ‘coyuntura de transición’ en la instauración de un nuevo modelo de valorización y apropiación de los recursos minerales a escala nacional. La explotación de estos recursos, que hasta fines de los años ´80 fueron considerados estratégicos, se transfiere a las grandes corporaciones mineras transnacionales que los consideran commodities destinados a satisfacer las demandas provenientes del mercado internacional” 2
Estas modificaciones en la política estatal produjeron no sólo la creación de “La Alumbrera”, sino de diversos emprendimientos mineros en toda la Argentina, a cargo de empresas internacionales que explotan los recursos y el suelo sin volver a reinvertir en la economía del país. Estas empresas fueron a su vez favorecidas leyes y regulaciones, como es el caso del Decreto n° 753/2004, que estipula que las compañías mineras en Argentina están protegidas de los controles de cambio y que no se encuentran en la obligación de repatriar las divisas derivadas de las exportaciones.
Buscando una salida
Desde diversas ONGs se está buscando la forma de encontrar una solución al problema de la minería a cielo abierto en Argentina. Tal es el caso de la Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto y la Minería Nuclearen todas sus formas; la campaña “El agua vale más que el oro” y la campana “Digamos NO a la Megaminería”.
Estos emprendimientos llevados a cabo por organizaciones políticas, sociales y ambientalistas, buscan el cierre definitivo de todas las minas que no respetan la Ley General del Ambiente (ley n° 25675), el respeto de los principios ambientales preventivos, precautorios y de sustentabilidad contenidos en dicha ley y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento, entre otras cosas.
Es importante que, para acompañar estas campañas, se recurra a la concientización de la sociedad civil, para generar el pleno conocimiento de la situación actual de la Megaminería en la Argentina e instar al Estado Nacional a que tome las medidas necesarias para asegurar el pleno desarrollo y bienestar de nuestro medio ambiente y recursos naturales.

1)     ¿Cuándo y donde comenzó esta actividad y por qué?
2)    Como define esta actividad la doctora Wagner?
3)    Describa la actividad en la Alumbrera.
4)    ¿Qué pasaba hasta 1990 y que ocurrió  luego de 1994?
5)    Que se propone para la salida de esta problemática?

Actividad número 3: responder las preguntas al final del artículo

Riachuelo: a nueve años del fallo de la Corte para limpiarlo, sigue contaminado
Los grupos que controlan el saneamiento dicen que las normas son laxas y que siguen tirando tóxicos al agua.

Hace nueve años, la Corte Suprema dictó un fallo histórico: condenó al Estado nacional y a los Gobiernos de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires a limpiar la cuenca Matanza-Riachuelo. Sin embargo, el Cuerpo Colegiado que supervisa el saneamiento denuncia que, a pesar del paso del tiempo, el curso de agua sigue contaminado y hay fallas en el control sobre los establecimientos industriales y los basurales a cielo abierto.
"Las regulaciones adoptadas por ACUMAR (la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) deberían haber reducido la contaminación, pero no lo han hecho y, por el contrario, la mantienen", señalan en un comunicado conjunto la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos por La Boca, que integran el Cuerpo Colegiado.
Las ONG aseguran que ACUMAR no obtuvo resultados en materia de control de la contaminación industrial. Y que, si bien ese organismo informa que el 45% de las industrias declaradas como agentes contaminantes ya han sido reconvertidas, no hubo una mejora en la calidad del agua o del aire. Porque, según el Cuerpo, continúan vertiéndose en la cuenca más de mil toneladas anuales de sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos.
Uno de los motivos, explican, es que como las normativas de vertidos son laxas, aun cuando se cumplan el Riachuelo seguirá contaminado y no mejorará la calidad de vida de la población de la cuenca. "La nueva resolución adoptada por ACUMAR (N° 46/2017) permite verter en el agua sustancias como aldrin, clordano, DDT, dieldrin, endosulfan, endrin, heptacloro, lindano y paration, todas ellas prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, a la cual nuestro país ha adherido", revelan.
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La nueva resolución adoptada por ACUMAR permite verter en el agua sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo, a la cual nuestro país ha adherido, revelan.


En cuanto a los basurales a cielo abierto, el comunicado toma datos de ACUMAR, que relevó la existencia de 390 y calculó que en ellos se acumulan 1.8 millones de metros cúbicos de residuos sólidos. Pero las ONG aseguran que, aunque el organismo intervino para remover 267 de ellos, los informes de auditoría interna mencionan que el 57% volvieron a convertirse en basurales.

"La gestión de la cuenca se encuentra en una situación de incertidumbre y sin rumbo -subraya Andrés Nápoli, de la FARN-. Todos los aspectos reseñados por el Cuerpo Colegiado muestran falencias estructurales, a las cuales se suma un continuo escenario de inestabilidad en materia de conducción institucional".
Los cuestionamientos también alcanzan al aspecto social de la problemática de la cuenca. "En 2010 se elaboró el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, que prevé 17.771 soluciones habitacionales. Sin embargo, su cumplimiento ha sido muy bajo. Sólo el 35% de los hogares han sido relocalizados", dice el informe.
Las ONG afirman que tras casi una década no se identificó de manera específica a la población en riesgo ni se generaron "capacidades para evaluar la situación de salud ambiental". Y que tampoco se articuló una intervención de ACUMAR para reducir la exposición a la contaminación de las poblaciones más vulnerables.
Además, el Cuerpo Colegiado acusa a ACUMAR de no cumplir con la obligación de ofrecer un sistema de información pública actualizada y dice que la mayoría de los datos publicados en su sitio de Internet no se renuevan desde 2014

¿Cuál fue el fallo de la corte suprema y que denuncia?
¿Qué dicen las ONG respecto al saneamiento?
¿Qué ocurre con las regulaciones adoptadas por acumar?
¿En qué situación se encuentran los basurales?
¿Por qué se cuestiona el aspecto social de la cuenca?































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